La Cámara Federal de Apelaciones dio cuenta de la organización delictiva que explotaba sexualmente a mujeres trans en situación de vulnerabilidad y comercializaba estupefacientes a través de ellas, con complicidad de efectivos policiales.
En el marco de la causa conocida como “Tacos Blancos”, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió confirmar los procesamientos de la organización criminal que captaba personas trans, mayoritariamente en Perú y Ecuador, para luego explotarlas sexualmente en las calles de la zona roja y obligarlas a vender droga. Además, los jueces consideraron como agravante que todas las víctimas estaban atravesadas por situaciones de vulnerabilidad en razón del género y por su situación social y económica desfavorable.
Con los votos de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se resolvió mantener diez de los trece procesamientos –los tres restantes no fueron apelados por lo que quedan firmes-, que había firmado el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, a partir de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que coordina en el distrito el fiscal general Daniel Adler, y en la que intervino el fiscal federal Nicolás Czizik.
La investigación logró determinar que 23 mujeres trans fueron víctimas de esta organización, que actuaba de manera articulada, sobre dos sectores de la denominada zona roja. Una de ellas, comprendida por las arterias que enlazan la avenida Luro en forma perpendicular, en particular las calles comprendidas entre Victoriano Montes y Francia. La otra estaba comprendida por la avenida Champagnat y las esquinas de Belgrano, Rivadavia y San Martín, y alrededores. El primer sector estaba liderado por una mujer trans y su pareja; y el segundo por dos personas trans y la pareja de una de ellas.
De acuerdo a la resolución, la organización bajo una distribución de roles y el supuesto propósito de proteger a las travestis que se encontraban en situación de prostitución en la zona, gobernaron su voluntad, las captaron y facilitaron su permanencia en el país y la ciudad, al tiempo que decidían dónde, cómo y cuándo estas personas debían vender sus cuerpos. De hecho, los imputados se encargaban de trasladar y ubicar a las víctimas en las distintas paradas, prometiéndoles protección y diversos “beneficios” a cambio de una suma de dinero. Además, las sometían al comercio de droga: les daban los estupefacientes que las mujeres vendían luego a ocasionales prostituyentes.
Según la investigación, la estructura criminal contaba, a su vez, con la complicidad de eslabones policiales. Según surge de la causa, la organización desplegaba su accionar en plena vía pública, lo que sería facilitado por la connivencia que miembros de las fuerzas policiales brindarían para que la explotación y venta de droga se realizara. Los cuatro policías que fueron procesados cumplían funciones en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Peligrosas, en la comisaría cuarta con jurisdicción en las zonas de explotación y en el destacamento femenino.
Para la Cámara quedó en evidencia que para que este ardid criminal sea llevado a cabo, los imputados se valían de las condiciones de marginalidad que por lo general afectan a quienes integran la comunidad trans, y en estos casos en particular, se suma que se trata de personas en su mayoría de nacionalidad peruana o ecuatoriana, “que se encuentran carentes de arraigo y pertenecen a un grupo social muchas veces discriminado”.
Por último, los jueces valoraron las pruebas que constan en el expediente como “suficientes, lógicas y compatibles en lo sustancial, con los restantes elementos cargosos acopiados”. Así se había expedido el fiscal general, quien enumeró, entre otras, las tareas de investigación realizadas por la Policía Federal Argentina durante tres años, las intervenciones telefónicas de nueve números; las distintas causas penales que tramitaron en la justicia provincial, incluidas las 25 causas penales en las que se secuestraron estupefacientes en poder de personas que eran prostituidas en las denominadas zonas rojas; el resultado de los 32 allanamientos realizados en el marco de esta investigación, y la declaración de 21 víctimas.
De las trece personas procesadas, nueve están imputadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y comercialización de estupefacientes, dos por tenencia ilegal de armas y otras dos por comercio de drogas.